#NO a la BAJA

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En el marco del debate sobre responsabilidad penal juvenil, convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el jueves 23 de febrero el Colegio Profesional representado por María José Cano, participó en la última mesa donde se debatió la edad de punibilidad.

La mesa estuvo integrada por el Secretario de Justicia Martín Casares, Miguel Cillero Bruñol especialista en Ley Penal Adolescente de Chile, y una nutrida participación de jueces, defensores y fiscales del fuero penal juvenil, y organizaciones y asociaciones vinculadas a la temática como UNICEF, Asociación de Pensamiento Penal, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes Gino Germani y el Foro por la Niñez.DSC_3962xxxx

De las casi 45 (cuarenta y cinco) exposiciones el noventa por ciento se pronunció en contra de bajar la edad de punibilidad a la hora de debatir un proyecto de ley nacional que derogue el decreto ley del Régimen Penal de Minoridad. Donde también niñxs del SERPAJ leyeron un documento en igual sentido.

Entre los consensos además, surgió la preocupación acerca del apresuramiento en el debate de un sistema penal juvenil especializado, entendiendo que la iniciativa era positiva aunque necesitaba mayor tiempo de tratamiento, y en función de los argumentos vinculados al fracaso estatal en la promoción y protección de los derechos de los niñxs, adolescentes y jóvenes se expresó en reiteradas oportunidades la poca presencia de responsables de los órganos administrativos de las provincias y el país.

Como Colegio Profesional reforzamos tales ideas expresando la desprotección en la que se encuentra la niñez y rechazando toda embestida punitiva hacia ellxs, profundizando la criminalización, la institucionalizacion, las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil. Con lo cual, expresamos el rechazo a la baja de edad de punibilidad con un contundente NO a un hecho histórico que dará riendas libres a un accionar persecutorio, represivo y asesino de la niñez.

Mientras se desarrolló el debate en el ministerio, cientos de personas, niñxs, adolescentes y jóvenes junto a organizaciones del Espacio No a la Baja en Argentina, concentraron en la puerta del Ministerio de Justicia, manifestando a través de murgas, juegos y pintura su por qué de no a la baja.
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Pronunciamiento del Colegio de Trabajadores/as Sociales de la Pcia. de Bs. As. en la Mesa de Trabajo del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

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El art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) incorporada al art. 75 inc. 22° de la Constitución Nacional obliga a los Estados a fijar una edad mínima a partir de la cual es posible considerar capaces de responsabilidad penal (imputables) a los niñxs menores de dieciocho (18) años. En tal sentido, nuestra posición es que la determinación de esa edad mínima es una decisión de política criminal, que es adoptada por cada Estado.

Así, la Observación General N° 10 de Los derechos del niñx en la justicia de menores en 2007, pone de manifiesto la existencia en América Latina de un amplio margen de edades de punibilidad, pero declara como preferente la edad de dieciséis (16) años; y precisa que cuando la edad mínima se fija entre los 14 y los 16 años de edad se contribuya a lograr el objetivo de tratar a lxs niñxs imputadxs de delitos, sin recurrir a los procedimientos judiciales penales.

16825837Debates como el de hoy – en ocasiones con tratamiento medíático irresponsable – cuando un hecho violento donde un menor de edad no punible es implicado como supuesto autor, y resurge el debate por la baja de edad de punibilidad, invisibiliza las miserias del propio sistema, poniendo el énfasis en el fracaso por responsabilidad unilateral de la familia, quedando así aquietada la mirada sobre la acción estatal en sus distintas esferas: judicial, legislativa, administrativa.

Sin ninguna duda, la tensión actual en el tratamiento de la problemática podríamos identificarla como una posibilidad para priorizar lo social y colectivo por sobre lo individual. Subyace allí la importancia de participar activamente, opinando y deliberando para desarraigar la idea del individuo aislado, despojado del lazo originario que tiene con la sociedad impregnando cada una de sus relaciones. La familia cuidando su mundo privado va fortaleciendo la negación de “lo social” y estalla como un “yo atomizado” y todo lo que lo atraviesa se hace personal. El problema social se expresa como problemas concretos de existencia que se detienen en el individuo, y en ese movimiento el Estado se desentiende, y cuando se vuelve ajeno acciona de la peor manera: encerrando, maltratando, y si la fuerza del sujeto negado se hace valer hasta justifica su aniquilamiento.

Venimos expresando y denunciando la desprotección en la que se encuentra la niñez, adolescencia y juventud en nuestro país y en la provincia en particular, con lo cual rechazamos toda embestida punitiva hacia ellxs. Niñxs, adolescentes y jóvenes de los sectores más desfavorecidos, rehenes del sistema, son el blanco fácil. El Estado y la sociedad los vigilan, los castigan y hasta los matan. Nada de pensar en escucharlos y ni siquiera comprenderlos. La principal respuesta sigue siendo la criminalización, la institucionalización, las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil. Inimputables o punibles y no punibles, aseguran hacinamiento y sobrecupo en los centros cerrados de privación de libertad en condiciones, que solo provocan daño y en nada favorece a lxs niñxs, adolescentes y jóvenes que captura.

La situación actual del sistema de encierro bonaerense, de ningún modo puede cumplir los objetivos de integración social real previstos en el decreto de creación del sistema de responsabilidad penal juvenil, puesto que en ocasiones su funcionamiento es incompatible con el respeto de la dignidad de aquellxs niñxs y adolescentes que se encuentran alojadxs, dando lugar a la lógica penitenciaria y custodial en detrimento del enfoque socioeducativo.

Aunque el aparato punitivo se ha mostrado ineficaz en materia penal juvenil, donde las condiciones de detención refuerzan la violencia estructural que continua criminalizando y estigmatizando, se sigue planteando como única alternativa el aumento de los canales de punición, cuando el total de causas que involucraron a menores de edad en términos cuantitativos representan un porcentaje reducido.DSC_4056xxx

Preocupa que cada vez que se ha instalado el debate, se presentan una serie de proyectos y reformas legales, que implican el endurecimiento de la justicia juvenil, orientados a disminuir la edad mínima de responsabilización en el marco de la justicia especializada, medida que viola el principio de no regresividad.

El avance sobre la baja de la edad de punibilidad es una estrategia que procura invisibilizar la responsabilidad estatal, en todos sus órbitas y niveles, por la situación de la niñez en nuestro país, donde la desigualdad y la pobreza se constituyen en elementos que tienden a segregar amplios sectores de la población, impidiendo la apropiación de las condiciones mínimas para su reproducción cotidiana. Las decisiones políticas, económicas y sociales que han marcado la agenda estatal son el fundamento de las brechas de la desigualdad en nuestro país, por lo cual es necesario interpelar cada estrategia que tienda a individualizar la responsabilidad en los sujetos, en este caso, lxs niñxs.

En este marco, exponemos la falacia del argumento que sostiene de la baja de la edad de punibilidad con la necesidad de garantizar el debido proceso judicial a lxs ninxs acusados de delito. Nuevamente se procura discutir sobre las consecuencias y se niega la posibilidad de pensar como sociedad las condiciones de vida de la niñez, el impacto de la pobreza en su vida cotidiana y el déficit en las respuestas estatales para atender tales situaciones, cuestiones que remitirían a repensar el fundamento desigual de la Argentina contemporánea.

Si reconocemos que el origen de la desigualdad en la sociedad que vivimos se relaciona con la apropiación desigual de la riqueza y el desarrollo de un complejo aparato estatal que articula políticas económicas, sociales y represivas para garantizar su continuidad, desde nuestra profesión no podemos más que oponernos a estrategias que procuran profundizar la lógica represiva del accionar estatal sobre amplios sectores de la población. Lógica que refuerza una abordaje individual y carente de todo análisis complejo que articule la situación de la niñez hoy con las determinaciones sociales e históricas: el sector de la población que provoca la pobreza tiene en sus manos la decisión de profundizar la desigualdad y profundizar los procesos de estigmatización de las niñez pobre, aquella despojada de condiciones de vida dignas, de servicios públicos de calidad, de medidas de promoción y protección de derechos.

Avanzar sobre la punibilidad de la niñez implica el reconocimiento del fracaso estatal a los principios consagrados en la Constitución Nacional y las Leyes nacionales y provinciales que reconocen el interés superior del niño, fracaso que sólo se explica por el sistemático abandono de responsabilidades indelegables por parte de los distintos niveles estatales. Por estas razones, desde el Colegio Profesional de Trabajadorxs Sociales de la Pcia. de Buenos Aires rechazamos la baja de la edad de punibilidad en la niñez y decimos NO a un hecho histórico que dará riendas libres a un accionar persecutorio, represivo y asesino de la niñez.

 

Fotografía: Valeria Real