Posición institucional en torno a la Resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa de la Nación

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El Colegio Profesional de Trabajadorxs Sociales de la Provincia de Buenos Aires manifiesta preocupación y repudia la Resolución 154-E/2017 que comenzó a regir en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, pretendiendo regular diversas acciones que se lleven a cabo dentro de sus áreas militares dispuestas con el fin “proteger” la seguridad de dichos ámbitos, habilitando tareas de inteligencia interna.


El artículo 2 (dos) de la resolución, establece una serie de principios con el objetivo de ser aplicados ante hechos delictivos contra la zona militar; entre los cuales como Colegio Profesional nos detenemos en el número 5 (cinco) en particular, el que hace referencia a la realización de informes socioambientales, resolviendo que “no se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas”.


Un informe socioambiental NUNCA es una tarea de inteligencia o contrainteligencia, su unica finalidad debe estar asociada a la visibilización de situaciones de desigualdad social, económica, cultural y política y, en consonancia, a la promoción, protección y restitución de derechos sociales consagrados en la normativa vigente. Por ello, sin más fundamentos o argumentos en el marco de la resolución y así planteado, entendemos que deja la puerta abierta a la realización de informes a personal militar, procurando legitimar prácticas persecutorias y contrarias a horizontes emancipatorios.


Como colectivo profesional no podemos dejar de advertir y dar a conocer a la sociedad en general, nuestras incumbencias profesionales contenidas en la Ley Federal de Trabajo Social Nro. 27.072, sancionada y promulgada en diciembre de 2014, y establecidas en el inc. 3 del art. 9 que entre las cuales, se encuentra la elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios y socio-ambientales, informes situacionales y/o periciales para los Licienciadxs en Trabajo Social habilitados, siempre en defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos y sociales.


Asimismo, para el caso en que los “organismos de personal” de las fuerzas lo integre “personal civil” habilitadxs para el ejercicio profesional del Trabajo Social, recordamos que, en el marco de nuestros derechos el artículo 10 inciso (b), se establece la protección legal para “negarse a realizar actos o colaborar en la ejecución de prácticas violatorias de los derechos humanos, que contravengan disposiciones de los códigos de ética profesional o que no se vinculen con las competencias profesionales establecidas en la presente ley”; afirmando así en cuanto a obligaciones el artículo 11 inciso (b), “desempeñar la profesión con compromiso, competencia y actualización profesional, teniendo como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía y la forma de vida democrática”.


La apropiación y tratamiento de instrumentos específicos de la profesión por parte de personas no autorizadas legalmente, y además con fines sospechados de persecución política e intromisión en la vida democrática de nuestro país, ameritan no sólo declaraciones sino también acciones colectivas de las distintas organizaciones que conforman el colectivo de Trabajo Social, que tiendan a forzar el cambio de la decisión tomada por parte del gobierno nacional.

Mesa Ejecutiva

Colegio de Trabajadores/as Sociales de la Pcia. de Bs. As.