Rechazo a la resolución 1736/18 de la DGCyE – En defensa de la Educación Pública y lxs trabajadorxs de educación

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A partir de la difusión de la Resolución 1736/18 de la Dirección General de Cultura y Educación, donde se alteran las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de los Equipos de Orientación Escolar de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, el Colegio Profesional ha presentado un pedido de audiencia al Lic. Santiago Fraga, Director de la mencionada modalidad, adelantando el rechazo a dicha resolución por entender que profundiza el ajuste estructural que se viene llevando a cabo en la órbita del Estado, precarizando aún más las condiciones del ejercicio profesional.

Además, la Comisión Provincial de Condiciones Laborales y Asuntos Profesionales del Colegio Profesional, en conjunto con el Equipo de Asesores Legales, se encuentran estudiando la normativa vigente y las implicancias de dicha resolución, a fin de interponer las acciones institucionales y legales que se consideren pertinentes.

A continuación socializamos la nota presentada en el día de la fecha: 

 

La Plata, 21 de Junio de 2018

Sr. Director de la

Modalidad de Psicología

Comunitaria y Pedagogía Social

Lic. Santiago Fraga

S.                         /                          D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Presidenta del Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires y haciendo uso de las atribuciones previstas en la Ley Provincial N° 10751, me dirijo a Ud., a fin de manifestar el rechazo a la resolución 1736/18 y anexo.

Tal como es de público conocimiento, la mencionada resolución convierte a los Equipos de Orientación Escolar (EOE) con pertenencia institucional, en equipos distritales (EOED), dando cuenta de la profundización del ajuste estructural que se viene llevando cabo en la órbita estatal, ya que la ausencia de cargos docentes es cubierta por la intensificación de la labor de quienes se desempeñan actualmente en dichos espacios. Como corolario, no sólo se precarizan los procesos de intervención, sobrecargando al eslabón más débil de la política pública, sino que se altera la normativa vigente a nivel provincial que establecía la designación de un Equipo de orientación escolar por escuela.

Tal como lo hemos realizado en distintas audiencias y notas institucionales, el Colegio Profesional viene exponiendo ante las autoridades responsables las condiciones del ejercicio profesional en este ámbito, donde las condiciones de precarización laboral afectan la calidad de sus procesos de intervención, en tanto éstos son llevados a cabo en condiciones edilicias deficitarias, muchos sin espacio propio, mobiliario ni recursos y donde los/as profesionales deben asumir, entre otras cuestiones, el costo de viáticos.

Lejos de atender estas situaciones, observamos que con este tipo de medidas se profundizan las condiciones precarias de intervención. En tal sentido, ante la falta de creación de cargos observamos el riesgo de que se produzca un intervalo en las titularizaciones, afectando la estabilidad laboral de aquellos/as colegas que ingresan a la modalidad. En este contexto, además, esta conversión precariza aún más las condiciones en que se lleva adelante dicha labor, porque no se posibilita el conocimiento institucional y es un claro desconocimiento de la tarea de los EOE, develando también la ausencia de políticas de cuidado hacia los/as trabajadores/as de la educación, quienes cotidianamente hacen frente a las problemáticas sociales que afectan a la población.

Asistimos en la actualidad a una exacerbación de las expresiones de la cuestión social, cuestión que adquiere su realidad más cruda en las problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia y, en estrecha relación, el desguace de políticas de promoción y protección de derechos y una mayor predominancia de una lógica punitiva y disciplinadora sobre la sociedad. Frente a ello, la polifuncionalidad y la sobrecarga de tareas de quienes se desempeñan en el ámbito educativo más que una medida de optimización de recursos se constituye en un eslabón del ajuste y desresponsabilización del Estado; afectando además de la calidad de las intervenciones, la salud psicofísica de cada trabajador/a.

Frente a esta coyuntura, le solicitamos una audiencia a la brevedad a fin de poner en consideración los argumentos institucionales que nos llevan a oponernos a esta medida,  sin dejar de solicitar, igualmente, a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación en general como de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en particular, la derogación de la resolución aludida.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy Atte.

A.S. María José Cano

Presidenta

 

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