Intervención profesional en tiempos de emergencia

Andrea Barcos, Silvia Couderc, Carolina Mamblona, Laura Paradela y Constanza Recoder

Documento de la Colección Ética en debate – Comisión Provincial de Ética y Derechos Humanos CATSPBA

Introducción

En el contexto actual, a lxs trabajadorxs sociales nos atraviesan múltiples interrogantes ¿qué hacer frente a la emergencia sanitaria declarada ante el COVID-19? ¿Cómo intervenimos desde los distintos espacios socio-ocupacionales? ¿En qué condiciones laborales lo hacemos? ¿Qué temores (personales-profesionales) tenemos frente a la pandemia? ¿Qué sucede con los cuidados preventivos que debemos considerar? ¿Qué acontece con la autonomía profesional en este contexto?

El aislamiento preventivo social y obligatorio ha generado una ruptura en la vida cotidiana de las personas, de las organizaciones y/o instituciones, como así también en nuestro quehacer profesional.  Esta medida impacta de modo singular en los sectores populares que se ven atravesados diferencialmente por su condición de la clase.

Las políticas neoliberales, fortalecidas en los últimos años, hacen que en el escenario actual sea más complejo intervenir desde la efectivización/restitución de derechos, ya que nos encontramos ante los efectos devastadores de la fragmentación, focalización, desfinanciamiento y descentralización de las políticas públicas.

En este contexto reconocemos que las distintas áreas de las políticas sociales han ido re organizando el proceso de trabajo de diversas maneras, pero varios de los espacios en los que trabajamos son considerados servicios esenciales y por lo tanto se plantea la continuidad laboral bajo otras modalidades, exigencias y dispositivos. Entre ellas, salud es una de las áreas prioritarias en los distintos niveles de atención que presentan diversas particularidades. Por ello con el presente documento queremos aportar a problematizar y pensar alternativas ante las exigencias cotidianas, en el marco de una pandemia que nos afecta a todxs.

En un momento crítico -como el que nos toca afrontar- el trabajo colectivo-reflexivo debe ser el marco posibilitador para que las intervenciones profesionales en la emergencia puedan ser pensadas y eludir así el imperativo de “hacer algo”, por realizar acciones de acuerdo a principios y valores de defensa de los derechos humanos.

Pensar la salud

La intervención en la “cuestión social” se ve resignificada, las necesidades se profundizan y los determinantes sociales de la salud toman otra relevancia. Esta situación nos interpela colectivamente generando una tensión entre demandas/prestaciones; asistencia/promoción/ prevención.

Esta situación nos encuentra en un punto clave que es la presencia estatal en el abordaje de la epidemia COVID-19. El financiamiento público fue variando drásticamente durante los últimos cuatro años en particular, lo que se evidencia en cifras alarmantes de profundización de la pobreza. Recientemente se dieron a conocer los Índices del segundo trimestre de 2019, datos que según el INDEC indican que la pobreza alcanzó al 35,5 % de la población, así como la indigencia fue del 8%, aumentando en ambos casos según cifras del año anterior. Ello arroja, según las estadísticas oficiales, que alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron ni tienen los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Dentro de este número de pobreza, 3,7 millones son indigentes, debido a que sus ingresos no alcanzaron para comprar el mínimo de alimentos para la subsistencia.[1]

En este complejo cuadro, el sistema de salud también se ve afectado como nos advierte Laurell, “en el ámbito de la acumulación, el proyecto neoliberal aspira a abordar la salud como un terreno de ganancias privadas. Se aplican así políticas tendientes a impulsar la competencia de mercado y la privatización de la prestación de los servicios y a expandir la administración privada de los fondos de salud” (Laurell, 2014: 4)

Una expresión de ello fue la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, dando cuenta de un corrimiento y achicamiento de las funciones estatales, la asignación al mercado de la resolución de las necesidades de lxs sujetxs, lo que profundizó el avance de la mercantilización con la implementación de la CUS[2].

En la actual gestión se restituye el Ministerio de Salud, lo que significa volver a poner en el centro de la política la noción del derecho a la salud como derecho universal. Este acceso a la salud debería contemplar la prestación de servicios de calidad, en tiempo y forma, para el conjunto de la población y no solo de una parte de ella.

Ante esta emergencia sanitaria se requiere la articulación de lineamientos comunes entre el estado nacional y el provincial. Si bien los distintos municipios adscriben a los protocolos propuestos por el Ministerio de Salud de la Nación, los mismos son implementados en situaciones signadas por la diversidad de desarrollos económicos, densidad poblacional, estructuras estatales y presupuestarias locales que hacen que su aplicación difiera entre unos y otros.  Por ello, cada territorio de la provincia de Buenos Aires va configurando particularidades que ponen de manifiesto capacidades y/o dificultades que evidencian las desigualdades previas en las esferas económica, política, social y cultural para garantizar el acceso a derechos.

La medida de cuarentena y aislamiento social tomada por el estado nacional, en tanto medida epidemiológica que apunta a la desaceleración del contagio, pone de manifiesto la evaluación de la capacidad (o los límites) del sistema de salud para abordar la epidemia en el cuadro de situación que describimos más arriba. Recuperando la definición de salud colectiva, Asa C. Laurell (2014) refiere que “se estudia la salud-enfermedad de la colectividad como una expresión de procesos sociales. Es decir, postula la necesidad de analizar los fenómenos de salud y enfermedad en el contexto del acontecer económico, político e ideológico de la sociedad y no sólo como fenómenos biológicos que atañen a los individuos”.   (Laurell, 2014) Por ello, enfrentar la pandemia pone de manifiesto no solo lo que viene atravesando el ámbito del subsector público, sino los efectos de la crisis estructural capitalista que las continuidades del neoliberalismo buscaron profundizar.

Esta situación atraviesa al conjunto del sistema de salud con demandas diferentes en los distintos niveles. En los hospitales se busca ampliar las camas para lxs enfermxs más graves, así como la generación de lugares en otros ámbitos como escuelas, sindicatos hasta el ejército. En el primer nivel de atención, se sostienen prácticas esenciales como interrupción legal del embarazo y métodos anticonceptivos, se reorganizan los dispositivos para la atención de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, control de embarazo avanzado, con la finalidad de que no recaiga en el segundo nivel de atención. Y a su vez se continúa trabajando ante dos emergencias sanitarias que fueron declaradas con anterioridad, el dengue y el sarampión, procesos que se han vistos recrudecidos y agudizados por la pobreza. Mientras el mundo se detuvo por el COVID-19, la reorganización del sistema de salud nos convoca a pensar de manera articulada la función y atención en los distintos niveles fortaleciendo más que nunca la referencia y contra-referencia.

Por otro lado, se instaura un discurso heroico hacia lxs médicxs y enfermerxs, reproduciendo un concepto donde la salud vuelve a estar colocada en términos biológicos, invisibilizando al conjunto de profesionales y equipo de salud (administrativxs, personal de limpieza, personal de mantenimiento, promotorxs de salud, psicólogxs, trabajadorxs sociales, etc.) que hoy también cumplen un rol indispensable. Este momento nos convoca a pensar la salud desde una definición integral, que contiene un carácter político y económico que se aleja de las concepciones ancladas en el modelo médico hegemónico, y de apelaciones morales y voluntaristas. 

Paralelamente, el estado despliega sus fuerzas de seguridad para el control estricto del cumplimiento de la cuarentena por parte de la población. Así se instaura una doble intervención estatal. Por un lado, se propician las medidas de cuidado en el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado y por otro, el despliegue de las fuerzas represivas que impactan diferencialmente en la población. La militarización de vida cotidiana, como modo de control social se convierte en “patrulla de la salud pública”[3], reproduciendo y agudizando la situación de violencia que viven a diario habitantes de villas y barrios más pobres.

El Ejercicio profesional en la emergencia

Una de las preocupaciones en la intervención profesional es poder pensar cómo se atienden las necesidades cotidianas de la población usuaria en la emergencia. Y allí entendemos que pese al aislamiento es necesario pensar cómo se sostienen y adecuan las estrategias de asistencia alimentaria, la efectivización de políticas de transferencia monetaria, la atención de la salud, no solo del COVID-19, sino de otras situaciones, contando con el apoyo psico-social dentro de los equipos de trabajo.

En este contexto, el impacto en la población de las medidas preventivas reproduce y profundiza las desigualdades pre-existentes, ya que la forma en que las poblaciones viven- se enferman- y mueren- está directamente vinculado a las condiciones de producción y reproducción de la vida en la esfera cotidiana.

Sostener las medidas de aislamiento en viviendas precarias, sin espacio disponibles para lxs habitantxs de uno o varios grupos familiares, con nulo o deficitario acceso a la alimentación, a infraestructura urbana básica como red de agua potable, cloacas y recolección de residuos en forma periódica, a formas de recreación y/o culturales que se dan por medios tecnológicos, entre otras cuestiones,  hace que la medida no pueda pensarse de manera uniforme ya que la vida cotidiana de la clase trabajadora y los sectores subalternos presentan estas múltiples características. Con esto no llamamos a eludir la cuarentena, sino a tener en cuenta las condiciones de vida de la población con la cual trabajamos para crear y fortalecer dispositivos de acompañamientos, de articulación de prestaciones y recursos estatales de las políticas sociales que se encuentran fragmentados o burocratizados para el acceso.

Debemos reconocer que son las organizaciones sociales que día a día tomando medidas preventivas por sus propios medios organizan las ollas, comedores, merenderos y espacios colectivos de organización popular.  Lxs militantes de estas experiencias, así como lxs vecinxs de los barrios son objeto de criminalización por parte de las fuerzas de seguridad siendo la represión y militarización de esta población una medida que se aleja de parámetros de derechos humanos.

En este marco que venimos describiendo, el cotidiano laboral adquiere singularidades y la rutina que organizaba nuestro trabajo y planificaciones pre-existentes fue interrumpida. Ante esta emergencia, el proceso laboral se ve transformado e impone ser repensado.

El cuidado de la vida laboral en la emergencia sanitaria

Como primera cuestión, debemos partir de que, con preexistencia a la pandemia, la precarización laboral estructura los procesos de trabajo de una gran parte de lxs trabajorxs sociales.[4]

Yolanda Guerra (2013) refiere que la crisis estructural del capital de los últimos años, produjo transformaciones en el mundo del trabajo que atraviesan al Trabajo Social, las instituciones donde se desarrolla, las demandas y las políticas sociales.  “Los servicios, junto con las políticas sociales, pasan a constituir no sólo el espacio laboral de los asistentes sociales, sino la propia racionalidad que orienta al ejercicio profesional, configurando concepciones de eficacia, eficiencia, productividad, competencia, de acuerdo a las exigencias del mundo burgués para la acumulación/ valoración del capital”. (Guerra, 2013: 6) Esta racionalidad abstracta, propia del capital, reproduce prácticas en el marco de la inmediatez, cosificadas, de acuerdo a normas y datos, empobreciendo los complejos atravesamientos; lógicas que en el marco de la emergencia se profundizan.

Lxs colegxs se ven atravesados en demandas pre establecidas por la institución, por jefaturas que muchas veces imponen directivas verticalmente, funcionales a lógicas burocráticas, privilegiando “tener que actuar” sin dar lugar a la problematización sobre los que se pide. Estas acciones pragmáticas, magnifican la dimensión táctico operativa desvinculada de fundamentos teórico-metodológicos y éticos políticos.

Junto a ello, tener que asistir a los lugares de trabajo por ser considerado un “servicio esencial” sin contar con las condiciones de bioseguridad garantizadas (atender en lugares muy pequeños y sin ventilación, sin alcohol en gel ni barbijos; baños sin agua ni elementos de limpieza, etc.) pone en riesgo la salud de lxs trabajadorxs. Si bien reconocemos que la escasez de recursos es generalizada hacia todo el personal de salud, a la hora de repartir los pocos insumos se distribuyen bajo criterios biomédicos.

Más allá de que lxs equipos de trabajo han desarrollado cronogramas que en muchos casos contemplan los cuidados y las licencias estipuladas, son estrategias que han configurado los propios equipos para el auto-cuidado. En este sentido, es necesario hacer visibles los temores personales (al contagio propio o de familiares convivientes) y la carga de angustia que la situación presenta, con el consecuente impacto en las subjetividades y en la intervención profesional.

Para continuar, otra expresión de la precarización se muestra en el acceso a medios y recursos para desarrollar el proceso de intervención. La mayoría de lxs trabajadorx no cuenta habitualmente en las instituciones con computadoras, impresoras, teléfonos, acceso a internet, etc. Esto implica un desgaste para ellxs que llevan gran parte de su trabajo a su casa, utilizan recursos propios y ven extendida la jornada laboral alterando el propio cotidiano que deja de ser un tiempo-espacio de descanso y recreación.

Esto se ve potenciado en el marco de la emergencia sanitaria donde el uso de la tecnología adquiere un lugar relevante e indispensable para llevar adelante el proceso de trabajo. Sin embargo, al no ser un recurso disponible profundiza: sobrecarga, estrés emocional, extensión del tiempo de trabajo; inhibición del descanso necesario, desgaste de los propios recursos tecnológicos, profundizando la alienación que caracteriza a los procesos laborales en el capitalismo contemporáneo.

Ante esta situación compleja, no se trata de estar presente de cualquier modo y hacer a cualquier costo, apelando a imperativos morales que refuerzan un lugar heroico sino problematizar el modo de estar, el para qué, y reforzar las estrategias de organización a fin de garantizar los propios derechos y los de lxs usuarixs.

Aportes del Trabajo Social para intervenir en la emergencia

Si bien hay protocolos que organizan la atención médica en la emergencia, hay mucha incertidumbre de cuál es la función del Trabajo Social en esta pandemia en particular y en los diferentes momentos que ello implica. Esta incertidumbre genera inestabilidad, falta de claridad, muchísimo malestar en el cotidiano, como así también desgaste por ser modificados los lineamientos o criterios de trabajo, día a día. Pero a la vez se puede pensar como desafío para reflexionar ese quehacer, ajustarlo en tiempos cambiantes y ampliar los márgenes de autonomía profesional.

Las vivencias previas en situaciones de crisis o emergencias como, inundaciones, gripe “A”, crisis del 2001, nos han dejado aprendizajes que deben ser recuperados en estos momentos; imprimiendo las singularidades que el COVID-19 implica, pero retomando esas estrategias que han sido de cuidado de la vida laboral, pensándolas en clave de resistencias cotidianas:

Sostener espacios de encuentro y reflexión. La distancia física que implica esta pandemia, no impide que se puedan activar espacios de encuentro entre compañerxs. Nos convoca a construir nuevas modalidades, en espacios más amplios, ventilados o bajo formatos virtuales; pero la reflexión sobre el proceso de trabajo en emergencia profundiza la necesidad de repensar el modo de estar y el para qué. Construir espacios de planificación semanal que incluyan poder hablar y compartir acerca de cómo se siente cada trabajadxr; qué va pasando en el día a día dando lugar a no separar los impactos subjetivos de las condiciones de trabajo que hacen a las posibilidades de resolución de las tareas sin heroísmos, sino conectando con los límites y posibilidades en los que nos coloca la situación.

Exigir condiciones de cuidado. Lxs profesionales que estamos expuestos debemos contar con las medidas de bioseguridad para desarrollar nuestro trabajo, esto es imprescindible. Se trata de luchar por nuestras condiciones fomentando la participación en diferentes instancias de organización (sindicatos, colegios profesionales, asambleas de mujeres, red de profesionales; etc.) para reconocer que, aunque no podamos realizar encuentros presenciales (asambleas, reuniones, movilizaciones, entre otras), las reivindicaciones son reclamos necesarios y posibles bajo otras modalidades. Exigir condiciones de trabajo adecuadas posibilita contar con soportes de salud colectiva.

Incorporar saberes nuevos. Las formas tradicionales de trabajo, de atención a lxs usuarixs se vuelven insuficientes y en muchos casos imposibles de ser llevadas adelante. Es por ello que se requiere pensar “creativamente” en el enfrentamiento de nuevas configuraciones de los problemas cotidianos aprehendiendo nuevas formas de abordaje. 

Participar del comité de crisis. Es importante tener en cuenta estos espacios que suelen ser integrados por organizaciones y profesiones hegemónicas, ya que allí se toman decisiones, circula información, se decide qué y cómo difundir medidas. Nuestro aporte allí puede colocar el conocimiento respecto de la vida cotidiana de la población más excluida, sus condiciones de vida, lo que cobra un valor fundamental para la pertinencia y efectividad de las medidas.

Incorporar la dimensión epidemiológica. Resulta necesario incorporarla en las acciones de los efectores de salud, áreas municipales y provinciales dedicadas al seguimiento epidemiológico de los casos dudosos y positivos como a sus grupos de contacto, y de riesgo. Aportar en los registros escritos, acompañamientos con protocolos de actuación puede constituirse en una herramienta para sumar articulación y cuidados que redunden en reforzar estrategias preventivas o asistenciales oportunas y a tiempo. Esta dimensión epidemiológica nos permite comprender elementos fundamentales para orientar en el durante y en el después las acciones de los equipos la salud.

Desplegar la función educativa en la intervención profesional, que atraviesa a todas las acciones que se realizan desde el Trabajo Social. Entre algunas estrategias podemos identificar, acompañar a la población en el acceso a prestaciones a través de medios digitales e internet, siendo las mismas indispensables para garantizar, al menos mínimamente, la reproducción de lxs usuarixs. Esta dimensión también, implica el acceso a una información cuidada, fundamentada, de base científica, clara, contemplando un lenguaje accesible. Se trata de no alarmar, ni difundir miedo sino aportar a la organización de la población y democratización de los saberes. De esta manera enfrentaremos el exceso de información que incluye noticias falsas o maliciosas que contribuyen a despolitizar la pandemia.

Asumir una nueva temporalidad. La pandemia imprimió en el tiempo una dimensión distinta. En toda emergencia se conjugan tres temporalidades: el “antes”; el “durante” y el “después”. El antes conjuga el deterioro de condiciones de vida y condiciona los problemas de acceso al sistema de salud y espacios protectorios.  El presente es el tiempo crítico y cambiante, que día a día vivimos atravesadxs por el estrés que genera la incertidumbre. Pero las acciones también deben contemplar el después, tanto por parte de quienes tienen la responsabilidad política a la hora de tomar decisiones de estado, como por lxs trabjadrxs y sujetxs populares.  Reapropiarnos de ese tiempo es también una conquista en esta situación para que podamos comprender lo que vivimos -desde una perspectiva de totalidad-, politizar las acciones y prefigurar otras formas de organizar la vida bajo otra sociabilidad.

Habitar nuevas espacialidades. Las instituciones en las que trabajamos (1° y 2° nivel) han modificado estructuralmente las dimensiones y sentido de los espacios. La organización de la atención, los circuitos, los pisos y salas, la evaluación en el “Triage” y posterior atención/ derivación, se vieron afectados por la priorización del COVID-19. Impactando así en la población que concurre a atenderse, quienes con múltiples problemas de salud no saben dónde dirigirse o son expulsados por tan solo acercarse a consultar. Es por ello que se torna indispensable que en estas nuevas configuraciones podamos seguir pensando la atención de la salud en términos integrales, reconociendo la prioridad que hoy tiene el COVID-19, pero sin reducirla a ella.

Articular con sujetxs colectivos en el territorio. El modo en que los diferentes actores políticos (comedores, organizaciones sociales, clubes, etc.)  disputan el cotidiano territorial, adquiere singularidades en la diversidad de la provincia de Buenos Aires; sin embargo, sin estas organizaciones barriales, sería imposible transitar las crisis. Es necesario articular con los sujetos colectivos: movimientos sociales, expresiones colectivas de diversas tendencias políticas que, desde prácticas solidarias, son los que sobrellevan la reproducción cotidiana exigiendo al estado los recursos necesarios.

Tensionar la función del control. El trabajo social históricamente disputa la función hegemónica de reproducir el control social; ante ello hay múltiples experiencias de trabajo contra-hegemónicas y de promoción de derechos humanos.  El estado propone como contralor del cumplimiento de la cuarentena a las fuerzas armadas y policiales. Frente a, atropellos y persecución policial de la que tomemos conocimiento, denunciarlas ante organismos de derechos humanos, organismos protectorios, mesas de trabajo, de coordinación y/ o espacios colectivos, forman parte de nuestro horizonte de intervención.

A modo de cierre

Recuperando la lógica del documento, partíamos de preguntas que nos hacemos lxs Trabajadorxs Sociales frente a la situación que nos toca atravesar. Luego describimos las condiciones del ámbito de salud para llegar a enumerarlos múltiples problemas que vivimos y son conocidos por nosotrxs en los procesos de intervención. A la hora de proponer estrategias no queremos que las mismas se vuelvan imperativos, nuevos deberes, sino que nos posibiliten actuar, en la medida de lo posible y en el cuadro real, a partir de las condiciones objetivas y subjetivas que estén presentes.

La puesta en marcha de algunas de estas estrategias, que procuran la ampliación de la autonomía relativa de la profesión, constituye una respuesta en esos tiempos urgentes, donde los procesos de intervención se ven tensionados.

Asimismo, las profesiones son interpeladas por la realidad en momentos críticos, donde se irán creando respuestas colectivas, debates y redefinición de los límites y posibilidades, de acuerdo a la capacidad de procesar las demandas socialmente colocadas.

Es necesario identificar los imperativos morales que refuerzan el “deber ser” y el “hacer” bajo cualquier parámetro, apelando a las fortalezas que supuestamente tenemos. Esto repone en nuestra profesión feminizada, cuestiones históricas que recaen en el voluntarismo y encubren la reproducción de nuevas desigualdades.

La interpelación Ética requiere superar el moralismo abstracto de formulaciones donde hay “héroes y heroínas”, desvinculados de las condiciones en que tienen que decidir. La función de la ética es reflexionar acerca de los valores de la moral, y si esa reflexión se cancela por los apelativos moralistas no hay interpelación ética. Entonces se reproduce una necesidad de consagración heroica, porque es más tranquilizadora que reconocer que nos encontramos en situaciones muy difíciles, urgentes y precarias donde debemos tomar decisiones, siempre en pos del fortalecimiento y efectivización de los derechos humanos.

Repensar las estrategias de intervención profesional, anteriormente desarrolladas, aporta a fortalecer territorialidades contrahegemónicas donde se elaboren propuestas que prefiguren un después, donde la desmercantilización de la salud y otras áreas fundamentales de la seguridad social sean ejes prioritarios e ineludibles, formando parte del conjunto de reclamos.

Perseverar lo público, lo común y poner la vida en el centro es un camino propositivo para hoy y para lo que vendrá.

Bibliografía

Fink, T y Mamblona C.  (2019) Ética y Trabajo Social. Reflexiones sobre sus fundamentos e implicancias en los procesos de intervención. ICEP-CATSPBA.

Guerra, Y. (2007) La Instrumentalidad del Servicio Social: sus determinaciones socio-históricas y sus racionalidades. 1. ed. São Paulo: Cortez editora Biblioteca latinoamericana de Servicio Social, 2007.

Iamamoto M. (1998) El Servicio Social en la contemporaneidad. Cortez Editora. Brasil

Laurell, A. (2014) El estudio social del proceso salud-enfermedad en América Latina. Ponencia presentada em colóquio. Organizado por AMALC. Canadá.

Svampa, M. (2010) Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Ed. Biblioteca Nacional.


[1] La pobreza aumentó del 32% al 35,5% de las personas entre los 2° semestres de 2018 y 2019; y la indigencia, del 6,7% al 8%. Ambos indicadores alcanzaron sus valores máximos desde que se retomó la serie en 2016. Ver: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_195EFE752E31.pdf

[2] CUS (Cobertura Universal de Salud) en Argentina es creada en el 2016, bajo el lema de emergencia sanitara; pero hace tiempo se viene implementando en diferentes países de América Latina impulsada por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, etc. La CUS implica la cobertura de un paquete restringido de prestaciones, los servicios ofrecen una atención determinada, con criterios pre-establecidos, bajo una lógica económica de la salud, en detrimento de una concepción integral de la salud.

[3] EN Una nota periodística sin duda muy controversial, dos investigadores del Conicet plantean que lxs policías forman parte de las prácticas del cuidado: “en la situación excepcional e inédita, entonces, que requiere de médicas y médicos, de enfermeras y enfermeros, pero también de policías. Y esta situación nos pone frente a un dilema: a veces la vigilancia y el control son también prácticas de cuidado.” https://www.pagina12.com.ar/255797-elogio-a-la-policia-del-cuidado. 28-03-2020.

[4] El 89,4% manifestó estar empleadx como Trabajador/a Social al momento de responder la encuesta, de lxs cuales el 61,8% manifestó tener un solo empleo, mientras que aquellxs que declararon situación de pluriempleo se distribuyen entre dos, tres y más empleos con valores del 32,5%, 3,7% y 2% respectivamente (pp. 17) En cuanto a la modalidad de contratación, sobresale la modalidad de planta permanente, alcanzando el 45% y planta transitoria/interina, con el 28,7%, mientras que las demás modalidades, caracterizadas como expresiones de precarización laboral alcanzan el 26,3%. (pp. 18) ver: https://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2019/07/4.-Condiciones-del-Ejercicio-Profesional-del-Trabajo-Social.pdf